Cazarabet conversa con... Luis Mariano
Blanco Domingo, autor de “Libros como trincheras. La Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza y la política bibliotecaria durante la Guerra Civil
Española (1936-1939)” (Prensas de la Universidad de Zaragoza)
Prensas
Universitarias de Zaragoza se acerca a la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza y a la Política durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939.
El libro
muy, muy aconsejable corre a cargo de Luis Mariano Blanco Domingo, editado por
Prensas Universitarias de la colección Estudios y en la temática de
Bibliología.
Prensas
Universitarias de Zaragoza, lleva más títulos que “hablan” de libros y que
giran en torno a ellos mismos: http://puz.unizar.es/temas/0/59-Bibliolog%EDa.html
La
Colección Estudios es muy específica: http://puz.unizar.es/colecciones/56/80-Estudios.html
La sinopsis
del libro, aquello que nos explica Prensas Universitarias del mismo:
Esta obra
se adentra en las vicisitudes por las que atravesó la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza durante la Guerra Civil Española (1936-1939). Una época convulsa y
evidentemente condicionada por el desarrollo del conflicto, en la que Zaragoza
desde muy pronto se convirtió en una ciudad de retaguardia controlada por los
sublevados, y cuya biblioteca universitaria asumió la condición de laboratorio
de ideas y de “capital” transitoria de la política bibliotecaria del bando
nacional. Un escenario desde el que se implementaron organismos destinados
tanto a estimular a los combatientes como a reprimir y depurar la política
bibliotecaria de la Segunda República, siempre bajo los postulados ideológicos
del nacionalcatolicismo que ya alumbraba el Nuevo Estado franquista.
El Servicio
de Lecturas para el Soldado fue un organismo impulsado por Miguel Artigas desde
la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936-1939)
como un instrumento más que contribuyera al triunfo militar del bando rebelde.
El objetivo de este trabajo es analizar sus aspectos fundamentales: la difícil
cohabitación con la actividad ordinaria de la biblioteca universitaria; la
evolución de su funcionamiento y alcance; el papel de los facultativos y
profesionales; y los resultados obtenidos, enmarcados dentro de un contexto en
el que conviven las urgencias bélicas y una peculiar simbiosis entre los
conceptos de lectura terapéutica y dirigida.
El autor,
Luis Mariano Blanco Domingo:
Es profesor
asociado a la Universidad de Zaragoza, donde imparte docencia en el área de
documentación e información. Doctor en Información y Documentación, es graduado
por los mismos estudios por el mencionado Centro Académico y licenciado en
Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza. Es autor, además, de diversos
estudios sobre pensamiento económico., fiscalidad durante la Edad Media,
incidencia de la brecha digital en la sociedad de la información y política
bibliotecaria durante la guerra civil española. Ha trabajado como
documentalista en instituciones y centros de investigación como en Instituto de
Estudios Fiscales, la Fundación Ernest Lluch o la Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Miguel
Artigas: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Artigas
Cazarabet conversa
con Luis Mariano Blanco Domingo:
-Luis, ¿desde qué
necesidad surge este libro o, preguntado de otra manera, qué “vacío” viene a suplir este libro?
-Hasta la aparición
de la tesis de Marta Torres sobre la Biblioteca de la Universidad Central en la
Segunda República y la Guerra Civil en 2011, existía cierto vacío
historiográfico sobre uno de los períodos de mayor convulsión en la historia de
España, el primer tercio del siglo XX y la Guerra Civil, con la excepción de la
brillante obra de Alicia Alted, Política del nuevo
estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil
española. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y
Archivos, 1984, primer intento de reconstrucción del armazón institucional
creado por el bando nacional en materia cultural, en el que dedica un amplio
espacio a las bibliotecas, o más recientemente los trabajos sobre la represión
cultural del libro de Ana Martínez Rus. En el ámbito más local, y a pesar de
que existen loables aproximaciones bibliográficas a la historia de la Biblioteca
de la Universidad de Zaragoza, todas ellas aportan una visión global, en las
que apenas se alude a una etapa tan crucial como la Guerra Civil española, en
la que precisamente por su condición de ciudad de retaguardia desde
prácticamente el comienzo del golpe de estado del 18 de julio, Zaragoza y su
biblioteca universitaria asumieron durante algún tiempo la condición de capital
bibliotecaria de la zona nacional.
-¿El libro, en
Zaragoza y desde el Servicio de Lecturas para el Soldado fue como una herramienta
más o un instrumento para “hacer la guerra”, “ganar batallas más allá de las
trincheras de barro y plomo”?
-Debido al concepto
que el bando nacional tenía del libro, de su consideración como elemento
pernicioso y degenerador de conductas, nunca consideró
su utilización como una herramienta estratégica de primer orden. Era preferible
su depuración, su represión, que el fomento de su uso y difusión, pese a los
esfuerzos de facultativos y bibliotecarios por modificar esa conducta. No
obstante, si eran conscientes de su virtualidad no sólo como facilitadores de
ocio a los soldados y heridos, sino sobre todo como arma propagandística capaz
de propagar la fundamentación teórica del Nuevo Estado. En una reveladora
carta, Javier Lasso de la Vega, desde su condición de
jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas, manifestaba que una de las causas
que explicaban la escasez de camiones para trasladar los libros a los
hospitales era su uso como transporte de botellas de coñac.
-¿Cómo lo hizo esto
Miguel Artigas?, ¿cómo logró hacer de la política del libro una “arma de
convicción” más…?
-La propuesta de
crear el mencionado Servicio, elevada por Miguel Artigas a las autoridades del
bando nacional prácticamente al comienzo del conflicto, pretendió en cierta
medida emular tanto el Servicio de Cultura Popular como el Servei
de Bibliotheques del Front republicanos, muchos más
eficaces sobre todo por el respaldo y constante apoyo del poder político, que
manifestaba una concepción del libro como canal educativo frente al rechazo
frontal y acusador del que gozaba entre los mandos franquistas.
El escaso entusiasmo con que se recibió su idea obligó a un constante ejercicio
de voluntarismo que chocaba contra la indiferencia e incomprensión del gobierno
de Burgos, cuyos esfuerzos se dirigían exclusivamente a la victoria militar.
Por ello, el libro era observado como un elemento nocivo que se debe depurar, o
cuando menos reconducir a través de lecturas dirigidas que respondan a los
parámetros fundamentales del ideal nacionalcatólico.
Todos los órganos creados en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, entre
ellos el Servicio de Lecturas, tenían un carácter finalista y claramente
secundario, pese a los esfuerzos de los facultativos y bibliotecarios, entre ellos
Miguel Artigas en su condición de Inspector General de Bibliotecas, por dotarle
de identidad.
-Porque el objetivo
claro era que desde la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y desde el
Servicio de Lecturas para el Soldado se contribuyese a la victoria de los alzados,
los franquistas. Es así, ¿no?, ellos lo tenían claro desde un primer momento,
coméntanos por favor…(bueno, hemos de recordar que ya
tenía “su edad madura” al comienzo de la contienda)
-Efectivamente. Pese
al "ninguneo" que sufrieron por parte de las autoridades franquistas,
los órganos creados buscaban no sólo favorecer el triunfo del bando nacional
mejorando el estado anímico de los soldados y heridos a través de la lectura,
sino controlar y reprimir en su caso la difusión del libro, y fortalecer el
corpus ideológico que representaban mediante la elección de las obras más
apropiadas para su asentamiento.
-¿Y Miguel Artigas
se entregó a ello como si fuese un soldado más?; bueno, un soldado con “mando
en plaza”, ¿verdad?;¿qué “nivel de convicción total”
mostró?
-Artigas mostró una
evolución ideológica a lo largo del conflicto. A pesar de su condición de
monárquico alfonsino y católico conservador, políticamente
afín a la CEDA y cercano a los círculos constituyentes de Acción Española,
principalmente a Sáinz Rodríguez y a Eugenio Vegas Latapié, mantenía excelentes relaciones con numerosas
personalidades e intelectuales cercanos a la ILE, con los que incluso
colaboraba de forma asidua en proyectos culturales de diversa índole. Sin
embargo, con el estallido del conflicto fue radicalizando su discurso. El vigor
de su prosa y su implicación política aumentaban, sobre todo a través del culto
y la mitificación del general Franco, en gran medida por el impacto que le
causó la muerte de su primogénito en el frente turolense en 1938.
-Nos interesaría,
aquí amigo, hacer un “alto en el camino”¿Cómo era la
política lectora y bibliotecaria durante
el período de la II República? ; ¿Qué política del libro llegó o estaba en
marcha con la instauración de la II República…? ; -La Institución libre de
enseñanza, la Escuela Moderna, las Escuelas Racionalistas, las Misiones
Pedagógicas… ¿cómo influyeron en la o las políticas en torno al libro?; ¿qué
visión tenía Miguel Artigas de la misma?
-En lo que respecta
a la política bibliotecaria durante la II República, como bien considera
Martínez Rus, una de sus principales obsesiones fue la divulgación del libro y
la promoción de la lectura pública a través de un fundamental cambio de
concepto: el salto de la biblioteca popular al de biblioteca pública y
gratuita. Los resortes de la administración, canalizados a través del Patronato
de Misiones Pedagógicas y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros,
crearon numerosas bibliotecas en amplios puntos del país, fundamentalmente
rurales, y establecieron un sistema bibliotecario nacional presto a satisfacer
las demandas de lectura. Al mismo tiempo, esta política bibliotecaria impulsó
la industria editorial y el comercio del libro del país, lo que supuso el
crecimiento de las editoriales y el aumento de las librerías. Los libros y la
cultura habían tomado la calle, abandonando el ropaje elitista y restrictivo
que los adornaba anteriormente, y convirtiéndose en elementos representativos
de la emancipación y el progreso social. Por su parte, Artigas fue elegido
director de la Biblioteca Nacional durante los primeros compases de la II
República. Desde este cargo revitalizó una institución estancada con una ambiciosa
propuesta de modernización en un contexto en el que se debatía cuáles debían
ser los fines del centro: si convertirse en una biblioteca científica exclusiva
para los investigadores o conservar su aliento popular. Su Plan Gestor
procuraría armonizar ambas tendencias, apostando por la convivencia y la
universalidad en la atención a los lectores independientemente de su condición.
Se acometió una profunda reforma del edificio: restauración de las cubiertas de
cristal, mejoras en los servicios de calefacción y en las conducciones
eléctricas, instalación del teléfono, apertura de ventanales en el Salón de
Lectura, implementación de un sistema contra incendios, mejora en la seguridad
de los libros para evitar hurtos con facilidad, sobre todo los incunables y
raros, y se abrieron nuevas salas especializadas como las de Revistas y la de
Exposiciones.
Junto a esta mejoras en las infraestructuras, desarrolló un programa completo
de atención al usuario, con una ampliación de los horarios, la adaptación de
los servicios a los que podían acceder a su tipología mediante carnés
específicos, la instalación de una sección de libre acceso, la creación de la
Sala General, la puesta en práctica de un servicio circulante, la publicación
de las listas de las obras adquiridas y la confección de numerosos catálogos,
la apuesta por un laboratorio fotográfico y un taller de restauración, o el
permiso de consultar más de un documento a la vez. Incluso se dieron los
primeros pasos para la elaboración de un catálogo colectivo de las principales
bibliotecas españolas, siguiendo el modelo que Artigas había estudiado durante
su estancia en Alemania.
El primer paso fue la creación en 1933 de un organismo especializado, integrado
en la propia Biblioteca Nacional, destinado a formar el Índice General
Bibliográfico Español, elemento de gran “trascendencia cultural ya que al tener
en cada Biblioteca importante, gratis, el catálogo de la Nacional y de las más
importantes de España, reunidos, podrían formarse con este material series de
bibliografías que ensancharían horizontes y se abrirían a los investigadores y
estudiosos perspectivas nuevas”. No resulta difícil adivinar que la
figura que está detrás de su redacción es el propio Artigas, consciente de que
la carencia de homogeneidad en los encabezamientos impide ofrecer catálogos
bibliográficos eficaces y útiles.
La solución propuesta supone que el nuevo órgano, teniendo como punto de
partida el índice de la Biblioteca Nacional, lo revise y complete con la
información suministrada por el resto de bibliotecas importantes. Una vez
ultimado, se enviarían copias a todas ellas, incluyendo las universitarias y
provinciales, para que sustituyan sus incompletas papeletas con las nuevas que
de forma periódica le enviaría la Nacional.
Gracias a esta aportación se conseguiría uniformar la catalogación de las
bibliotecas españolas; catalogar desde la Nacional los libros de las bibliotecas
que posean inventarios incompletos y defectuosos y conocer de primera mano la
localización de los libros que poseen las bibliotecas provinciales y que no
figuran en el índice de la Nacional. Sin embargo, el proyecto murió por
inanición, a pesar de los continuos intentos de revitalizarlo. Las deficiencias
de los catálogos de las bibliotecas colaboradoras y la absoluta carencia de
medios técnicos impidieron su éxito.
Con todo, no fue ésta la única aportación de Artigas a la redacción de la
normativa bibliotecaria durante el mandato de Fernando de los Ríos. Un año
antes fue uno de los principales artífices e inspiradores del trascendental
Decreto de 1932 sobre reorganización de las bibliotecas universitarias, así
como del fecundo y longevo decreto orgánico que regulaba al Cuerpo Facultativo
de Archivos, Bibliotecas y Museos.
-¿Qué cambios se
imprimieron desde el primer momento en que pudieron aplicarlos al ir triunfando
“los alzados” contra la II República?. Preguntado de
otra manera o ampliando un poco la pregunta: -¿Cómo va cambiando esta política
del libro cuando la dictadura va fagocitando a la II República?-¿Cómo lo sufren
los templos públicos del libro, bibliotecas…?
-Son muy numerosos
los testimonios difamatorios que atribuían a la intelectualidad la forja y
continuidad de la “antiEspaña”, la defensa de un
modelo de gobierno presidido por el laicismo y el rechazo a las esencias
tridentinas que habían convertido otrora a la nación en un poderoso Imperio. La
Universidad de Zaragoza se convirtió en el epicentro de un movimiento de
críticas acervas a la Institución Libre de Enseñanza, dominada por el
catolicismo social como dogma, y que propugnaba la imposición de una
alternativa confesional en contraposición a los ideales institucionistas.
En los primeros compases del conflicto, la furibunda reacción condujo al “fuego
purificador” a numerosos ejemplares y obras de todo tipo y condición, en una
suerte de catarsis colectiva inconsistente y arbitraria que mezclaba a Gorki
con Marx o Pío Baroja. Son muy numerosas las noticias llegadas a la Comisión
Depuradora de Bibliotecas de Zaragoza que señalan la imposibilidad de enviar
algunos impresos, quemados en la vorágine de los primeros meses de la guerra,
instigados bien por el párroco de la localidad, el alcalde o grupos de
falangistas que de esta forma acreditaban la condición de “territorio liberado”
del municipio en cuestión.
Las incautaciones y destrucciones de bibliotecas públicas y privadas fueron muy
frecuentes en esta primera época, del mismo modo que algunos bibliotecarios,
editores y libreros fueron ejecutados por mantenerse fieles a la República.
Sólo el fuego podría eliminar con certeza las viejas ideas que habían conducido
al país al desastre, al mismo tiempo que se convertía en el soporte preciso
para difundir los nuevos tiempos. No constituye por tanto una sorpresa las
exaltadas y exacerbadas palabras del rector de la Universidad de Zaragoza,
Gonzalo Calamita, quien, con el elocuente título de “El peor estupefaciente”
manifestaba que era necesario erradicar y purificar los libros sectarios para
evitar la destrucción de la propia sociedad.
La Orden dictando normas sobre depuración de Bibliotecas públicas de 17 de
septiembre de 1937 permitió no sólo institucionalizar la represión, sino
paradójicamente salvar numerosas obras de la destrucción sistemática que
acompañó a los libros durante los primeros meses de la guerra, puesto que
normalizó y legitimó el proceso censor con una serie de criterios organizativos concretos.
-¿La política que
aplicó Artigas con qué dificultades, para sus planes y sus objetivos finales,
se encontró? ; ¿y cómo fue evolucionando a lo largo de
la contienda?
-Miguel Artigas como
Inspector General de Bibliotecas ocupó provisionalmente la jefatura del Cuerpo
Facultativo, y diseñó una política reformista basada en cinco ejes
fundamentales de actuación: la creación y puesta en servicio de bibliotecas de
hospitales; la intensificación del intercambio y los préstamos entre las
Bibliotecas, con fondos unificados y centralizados, sobre todo de revistas
extranjeras, para evitar un coste excesivo; la formación de catálogos de obras
duplicadas y múltiples para intercambiarlos en el mercado internacional; el
desarrollo de un plan integral de salvamento del patrimonio artístico y
cultural; y la posible ocupación de las vacantes universitarias por los
Facultativos del Cuerpo.
Su máxima preocupación fue reivindicar el papel del Cuerpo de Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el nuevo contexto, tanto en el
desarrollo de la política cultural del bando nacional como en su importancia en
la nueva estructura administrativa emergente. Para ello, en primer lugar
trató de reorganizar los activos de que disponía en el territorio ocupado por
el bando nacional. En segundo término, impulsó la creación de las Juntas de
Cultura Histórica y del Tesoro Artístico, en las que se integrarían miembros
del Cuerpo en calidad de secretarios; y por último, consideraba urgente y
obligatorio no permitir que hubiera una sola capital de provincia sin contar al
menos con un facultativo. Sin embargo, la limitada implicación y apoyo de las
autoridades, la intromisión del poder político en los nombramientos y la
escasez de medios económicos impidieron que las medidas tuvieran éxito,
quedándose tan sólo en una declaración de intenciones.
Por último, con el apoyo de Ángel González Palencia y las autoridades locales,
organizó una campaña propagandística que buscaba tanto la difusión y
legitimación de las actuaciones del bando nacional en el campo de la defensa y
protección del patrimonio cultural como, sobre todo, acusar al gobierno
republicano de ser responsable de la destrucción y pérdida del mismo. El
ejemplo más sintomático es su polémica con Tomás Navarro Tomás a raíz de su
famoso artículo de 1937 publicado en el diario Heraldo de Aragón.
-¿Este Servicio de
Lectura a quién, más que a nadie, iba dirigida y por qué?
-El Servicio de
Lecturas del Soldado dirigía sus objetivos tanto a desarrollar la lectura como
terapia de los heridos y convalecientes como a mantener y reforzar su moral
mediante una bibliografía dirigida y controlada, que contribuyera a dotar de
solidez los principios ideológicos nacionalcatólicos.
El zaragozano fue el primero creado en la España nacional, convirtiéndose en
uno de los más dinámicos y eficaces, junto con el de Sevilla, en gran parte
debido a la capacidad gestora y buen hacer de Aurea Javierre, encargada del mismo por Miguel Artigas. Pese a
ello, la carencia de medios de transporte, la escasa implicación de buena parte
de las autoridades y la falta de homogeneidad tanto en la estrategia de
captación de fondos como en la aplicación de criterios censores, resultaron
obstáculos insalvables que condujeron incluso a especular con el tránsito a
otro modelo de actuación, más cercano al desarrollado por la Alemania nazi,
durante la etapa de Javier Lasso de la Vega a partir
de 1938.
-¿Es el libro
utilizado como “arma represiva”? ; -¿Cuáles fueron las primeras políticas
represivas, en torno a la edición del libro,
que adoptó la dictadura?, ¿quién las llevaba a cabo y de qué manera?
-En esta pregunta
respondo a las políticas represivas realizadas por el bando nacional durante el
conflicto bélico, ya que en lo que se refiere a la dictadura rebasa las
coordenadas temporales de mi libro.
La obsesión antiintelectual que acompañaba a una
parte relevante de las autoridades y dirigentes del bando sublevado, no podía
obviar el significado del libro como elemento de promoción cultural y social.
Se había convertido en un objetivo bélico por su condición de instrumento de
divulgación de ideas perniciosas que atentaba gravemente contra la ideología de
los promotores del levantamiento militar.
Su destrucción descontrolada en los primeros pasos del conflicto abrió paso a
una reglamentación que legalizaba el bibliocausto y
lo organizaba a través de las Comisiones Depuradoras de Bibliotecas, surgidas
en cada uno de los distritos universitarios del territorio controlado por el bando
nacional. La establecida en Zaragoza estaba dirigida por el sacerdote y
prestigioso latinista Pascual Galindo, quien tras múltiples avatares se
erigiría en portavoz de la mixtificación ideológica
entre Falange y catolicismo.
Los resultados de su labor censora se ven reflejados en un catálogo que
contiene 802 obras, mayoritariamente de contenido literario, custodiadas en la
biblioteca universitaria, y de uso restringido. El total de las localidades
afectadas por sus actividades alcanza en el distrito zaragozano la cifra de
277, con un total de 310 bibliotecas, la gran mayoría de Misiones Pedagógicas.
Esta circunstancia es especialmente significativa, puesto que la presencia de
obras de autores clásicos, o de perfil escasamente revolucionario, se explica
no por su contenido o la firma, sino básicamente por la procedencia, por
tratarse de obras que habían formado parte de los catálogos creados para dotar
de fondos a los mencionados establecimientos culturales republicanos.
Aunque pudiera resultar paradójico, uno de los efectos fundamentales de su
creación fue la posibilidad de salvar numerosas obras de la destrucción
sistemática que acompañó a los libros durante los primeros meses de la guerra,
puesto que normalizó y legitimó el proceso censor con una serie de criterios
organizativos concretos. Ello no obsta para comprobar que su adopción por parte
de las personas directamente encargadas de su realización en las distintas
localidades, generalmente maestros y párrocos legos en materia bibliotecaria,
fue muy irregular y heterogénea, lo que produce llamativas discordancias y
contradicciones entre las obras depositadas en la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza y el hipotético catálogo de obras susceptibles de ser retiradas y
depuradas por sus contenidos, nunca clarificado por parte de las autoridades
del bando nacional. Esta circunstancia se ve agudizada al contrastar esos
fondos con los obtenidos en las colectas y recogidas de obras por parte del
Servicio de Lecturas del Soldado, puesto que muchos de los libros considerados
nocivos para el régimen no sólo superan los filtros del mencionado Servicio,
sino que forman parte de los catálogos ofrecidos a los distintos hospitales y
frentes de combate.
Pero esta Comisión tuvo dos antecedentes previos unos meses antes en lo que
respecta a la provincia zaragozana. El primero, instigado por el Gobernador
Civil de la provincia, Juan Lasierra Luis, comandante
de la Guardia Civil que había sucedido al fusilado Vera Coronel tras el triunfo
militar, y que se mantuvo en el cargo hasta el 14 de abril de 1938, consistió
en el envío de órdenes a todos los alcaldes de la provincia para que, siguiendo
el espíritu de la orden del 4 de septiembre, “se proceda con toda urgencia a la
incautación y destrucción”, al mismo tiempo que solicitaba información sobre lo
realizado siguiendo sus directrices.
El segundo tuvo como protagonista principal al rector de la Universidad de
Zaragoza Gonzalo Calamita, cuya radicalidad y enfervorizada defensa de los
principios inspiradores del golpe de Estado le indujeron a diseñar un modelo de
depuración propio. Primero solicitó el envío de los catálogos a las bibliotecas
escolares, tras lo cual asignó a la Instrucción de Primera Enseñanza de
Zaragoza la potestad de depurar las obras consideradas peligrosas y
confeccionar un listado de las mismas, compuesto finalmente por 4.289 títulos.
En la siguiente fase
intervendría una Comisión designada y tutelada por él mismo, que tendría como
objetivo el estudio y clasificación final de las obras, separando las
permitidas de las que debían ser retiradas de la consulta pública. Sin
embargo, también se constataba la eliminación de un número indeterminado de
libros en el caos que siguió a los primeros momentos, a lo que sin duda debemos
añadir la inexistencia de órdenes concretas y el celo inquisitorial de muchos
alcaldes y grupos falangistas de las diversas localidades afectadas, que veían
en la exteriorización de su furia antirrepublicana el pasaporte al acomodo
institucional en el nuevo esquema de poder.
-¿Qué libros empezaron a ver , con la
dictadura, un poco esa luz que antes no
tenían tan encendida porque la gente empezó a emanciparse de ciertos
“seguidismos” de “muchas indicaciones” y con la dictadura se volvió, otra vez a
ello a un seguidismo impuesto , a seguir muchas indicaciones como
encorsetadas..?
-La obsesión
moralizante de las autoridades del bando nacional en materia literaria estaba
determinada por las obras del obispo de Jaca Antolín López Peláez La cruzada de
la buena prensa (1933), y sobre todo el jesuita Pablo Ladrón de Guevara con su
celebérrima obra Novelistas malos y buenos (1933), elevada a la categoría de
autoridad como criterio de clasificación de los escritores. El criterio de
expurgo fundamental lo constituían los catálogos y lotes que había
confeccionado la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas
Públicas del gobierno republicano.
Establecer una taxonomía de las obras expurgadas supone en primer lugar
afrontar la dificultad que comporta por el carácter tan arbitrario y heterogéneo
señalado. Los errores de adscripción de autores a determinados géneros, la
presencia en los listados de obras aparentemente inocuas y “neutras” con las
coordenadas ideológicas de los sublevados, e incluso el propio desconocimiento
de la literatura expurgada por parte de los que elaboraban las listas,
condicionan enormemente su realización.
A ello debemos añadir que la consigna de eliminar todo aquello que guardara
relación con la política bibliotecaria de la II República y el impulso que
supusieron las Bibliotecas de las Misiones Pedagógicas, provocó que muchas
obras fueran destruidas durante los primeros días de la guerra, y por tanto
llegaran en escaso número a las Comisiones Depuradoras. Unas fronteras bélicas
excesivamente permeables, determinadas por los avances y retrocesos de las
tropas en conflicto, tampoco favorecían el control efectivo del proceso.
Y sobre todo, que la ausencia de libros de actas o documentación que reflejen
el día a día de la Comisión cesaraugustana impide un exhaustivo análisis del
significado de sus actuaciones.
No obstante, podemos señalar un primer grupo conformado por obras pedagógicas
inspiradas por el concepto de escuela única o con una idea laica y aconfesional
de la enseñanza, muy en la línea institucionista. Autores como Antonio
Ballesteros, Domingo Barnés, Margarita Comas, Dewey, Hernández Ruiz, Lacroix, Montessori o Pestalozzi
son los más representativos.
Otro grupo lo integran las obras de contenido político, que llegaron muy
diezmadas a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza debido a que su evidente
conexión con la República y las corrientes izquierdistas las convirtió
rápidamente en objetivos del fuego “redentor”. En muchas ocasiones se incluían
en este bloque los análisis históricos elaborados por políticos republicanos,
los estudios sociales o jurídicos de institucionistas, y por supuesto los
textos legales que conformaban la estructura organizativa e institucional de la
República.
En el ámbito literario era donde existía un menor consenso y un mayor
comportamiento arbitrario por parte de las Comisiones. Hay unanimidad en la
censura de los escritores rusos, tanto por su procedencia geográfica, que se
relacionaba ingenuamente con el régimen comunista, como por su atmósfera
humanista, y por supuesto aquellas firmadas por franceses, cuya revolución era
considerada el germen de las democracias burguesas, y ello sin tener en cuenta
el fuerte compromiso social de escritores como Victor
Hugo o Alejandro Dumas. Entre los españoles sorprende la presencia de Azorín,
pero menos la de un republicano convencido y militante como Blasco Ibáñez o un
crítico social tan mordaz y surrealista como Valle-Inclán.
Otro bloque está formado por libros de carácter filosófico, sobre todo aquellos
que defienden el antropocentrismo y atacan por tanto los fundamentos del
tradicionalismo católico. Podemos unir a éstos aquellos escritos que atentaban
contra el concepto tradicional de la mujer, relegada a un segundo plano, fuera
del modelo de madre ejemplar y abnegada que predicaba el Nuevo Estado, las que
abordan la sexualidad desde un prisma exclusivamente científico, o las
procedentes de editoriales que publicaron obras consideradas cercanas a las ideas
republicanas y/o liberales como Maucci, Espasa-Calpe,
o las traducciones de autores clásicos auspiciadas por Blasco Ibáñez.
-Los usuarios de
las Bibliotecas como los de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, ¿cómo
se vieron afectados y de qué manera?; y ¿cómo se veían “afectados” las personas
vinculadas laboralmente a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza?
-Las actividades
bibliotecarias ordinarias del centro universitario zaragozano, aunque
lógicamente afectadas por la guerra, no se paralizaron. Incluso podemos
constatar el notable crecimiento durante el año 1938 tanto de la catalogación
de obras, sobre todo el fondo antiguo, como del número de préstamos
solicitados, fundamentalmente bibliografía de carácter técnico, circunstancia
que puede tener su explicación por las propios necesidades del contexto, que
demandaba aportaciones teóricas tanto para la reconstrucción de las zonas
devastadas por el conflicto, como para su utilización en los frentes de
combate. Sin embargo, los servicios de lectura en sala y las adquisiciones y
compras de fondos vieron reducidas sus estadísticas de uso, más sensibles al
transcurso de la contienda.
En cuanto al personal bibliotecario, en la Biblioteca de la Universidad de
Zaragoza durante la Guerra Civil convivió el personal facultativo de plantilla
con otro grupo de profesionales adscritos temporalmente en el establecimiento.
Ambos asumieron tanto las tareas ordinarias como las actividades
extraordinarias inherentes a diversos organismos creados por el bando nacional
durante la guerra, que requirieron sus servicios.
El director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza en esa etapa fue
Pedro Sánchez Viejo, quien, pese a no disponer de un protagonismo excesivo,
intentó normalizar las tareas del centro pese al desinterés del rector Calamita
y la incidencia de la propia dinámica bélica, que obligaba a destinar recursos
económicos y capital humano en tareas no exclusivamente bibliotecarias.
Por otra parte, la participación de los facultativos como auxiliares en la
Auditoría de Guerra motivó numerosas quejas ante las autoridades del bando
nacional tanto de Miguel Artigas como de Miguel Gómez del Campillo, en su
calidad de Inspectores de Bibliotecas y Archivos respectivamente, por cuanto
consideraban una infrautilización su presencia en dichos órganos al asumir
funciones exclusivamente administrativas, dejando huérfanas de su
profesionalidad a las bibliotecas y archivos donde estaban adscritos. Son
constantes los oficios e interpelaciones para evitar, o cuando menos reducir,
tanto la dedicación del personal como el número de horas destinadas a tal
efecto, sin que ello produjera ninguna modificación en la política de guerra
del gobierno franquista.
-¿Se trasladaba
esto, también a las Bibliotecas Públicas?
-Indudablemente.
Todas las bibliotecas, independientemente de sus contenidos, naturaleza
jurídica y actuaciones, quedaron claramente determinadas por la evolución del
conflicto, cuando no produjo directamente su cierre. Además, en el caso
zaragozano, se trató de instalar una suerte de biblioteca pública de fácil
acceso y consulta dentro de las instalaciones universitarias.
-¿Nos puedes
hablar, amigo, del proceso de documentación, estudio y/o investigación…que,
seguramente ha sido laborioso, pero no por eso lleno de entusiasmo?.Veo en esta “fase” algo muy, muy enriquecedor para el o la
investigadora…
-La pasión del
investigador es fundamental para acometer cualquier estudio riguroso y
científico. La consulta de fuentes documentales primarias en los archivos,
sobre todo el Archivo General de la Administración sito en Alcalá de Henares, o
la que alberga la propia Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, produce
alguna frustración cuando dedicas numerosas horas a las búsquedas sin resultado
aparente, pero una enorme satisfacción cuando localizas algún documento
relevante o fundamental para demostrar tus hipótesis de trabajo. Igualmente la
lectura de la bibliografía relacionada con la temática no sólo proporciona
momentos de disfrute, sino que también ilustra y dota de solidez científica al
resultado final.
-¿Y cómo es, luego, ponerle orden a todo
lo anterior?; por favor, háblanos un poco de la metodología de trabajo…
-Precisamente la
disciplina metodológica es la argamasa de todo estudio que pretenda ser
científico. Si no somos capaces de mantenernos fieles a la metodología,
nuestras aportaciones carecerán de toda validez. La fase documental es sin duda
alguna una de las más importantes, pero existen otras con la misma
trascendencia: fijarnos un objetivo u objetivos concretos desarrollados a
través de hipótesis de trabajo a validar, realizar un adecuado y actual estado
de la cuestión de la materia en cuestión, dotarla de una estructura coherente
que contemple todos los aspectos, relacionar nuestras conclusiones con los objetivos
propuestos.
Quizá la fase de redacción sea la más estresante. No tanto por el miedo al
folio en blanco como por la tentación de no considerar la obra como acabada, de
rehacerla constantemente. Por ello resulta extremadamente útil tener
perfectamente claro y presente el índice de la obra, con la flexibilidad
suficiente para modificarlo en caso necesario.
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Cazarabet
c/ Santa Lucía, 53
44564 - Mas de las Matas (Teruel)
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