El presente libro es resultado de un trabajo de investigación sobre el ejercicio de la violencia política en la provincia de Valladolid durante el periodo comprendido entre la crisis de la Restauración y la II República. Una de sus principales innovaciones metodológicas consiste en la aplicación de Sistemas de Información Geográfica al estudio de la proyección de eventos relacionados con la violencia política, así como de las relaciones entre el ejercicio de la misma y la represión derivada de la guerra civil. Dicha metodología implementa un doble nivel de análisis, cartográfico y estadístico, que, en esta investigación, pone de manifiesto aspectos como la elevada correlación entre las detenciones derivadas de la huelga de octubre de 1934 y la represión posterior al 18 de julio en el conjunto de la provincia.
El trabajo aborda en un contexto geográfico limitado (escala a la que resulta viable un análisis con detalle) la génesis e instrumentalización del conflicto de convivencia, que, como se intenta justificar, no fue improvisado. Al respecto, se implementa una doble línea de análisis, diacrónica (singularizando periodos como la crisis de 1917, la dictadura de Primo de Rivera o el periodo de gobierno frentepopulista) y temática (resaltando la distinta escala y procedimiento de la violencia política en el campo, en el enfrentamiento urbano, en las aulas, en la prensa militante, etc.)
El elevado número de víctimas (una veintena de muertos durante el periodo historiado, y más de un centenar de heridos graves), atentados, detenciones, ocupaciones de armas, clausuras de entidades políticas y de medios de prensa, avalan objetivamente la tesis de una elevada conflictividad social y política, en una situación que, a la altura de la primavera del 36, había transformado a la provincia en algo no muy alejado de un campo de batalla, del que son seña de identidad los cacheos protagonizados por frentepopulistas, la acción en la sombra de patrullas falangistas, el tono catastrofista de una parte de la prensa, que ha declarado anticipadamente “su” guerra al Gobierno, las manifestaciones y huelga general pidiendo un gobernador civil para la provincia capaz de proteger a los frentepopulistas de la agresión de los ultraderechistas, la lucha sin cuartel dentro de la propia prisión provincial y en las aulas de Universidad e Instituto, los disparos detonados diariamente, los desfiles paramilitares a plena luz del día y un largo etcétera de escenas igualmente alejadas de la convivencia en normalidad.
A los permanentes choques suscitados en distintos ámbitos (el mundo rural, Universidad e Instituto, e incluso las propias calles de la capital), les corresponde una instrumentalización por parte de una parte relevante de organizaciones de derechas de un discurso catastrofista respecto a la república, régimen al que se acusa de ser incapaz de ejercer el control del orden público. Este discurso catastrofista calará en una parte creciente de los votantes conservadores, y, lo que tendrá consecuencias dramáticas tras el 18 de julio, justificará y legitimará el ejercicio de la violencia política para combatir la voluntad del pueblo expresada en las urnas, como se pondrá de manifiesto al comprobar la naturalidad con la que una gran parte de la población vallisoletana asume la brutal represión judicial y extrajudicial acaecida.
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